La idea de una confrontación bélica entre Estados Unidos y Japón durante el periodo de entreguerras fue un tema constante en la prensa escrita, en los círculos diplomáticos y en la opinión pública en general. Sin embargo, a pesar del incremento de las tensiones profundizadas entre esos dos países en el inicio de la década de los cuarenta, el estallido de la guerra del Pacífico—con el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941—cayó de sorpresa para una gran mayoría de los habitantes del planeta. En México, se apresuró al rompimiento de las relaciones diplomáticas con las Potencias del Eje, no tardando en sumarse a las políticas de concentración de las comunidades de japoneses, alemanes e italianos que radicaban en todo el territorio nacional, adicionando la confiscación de sus bienes y propiedades.
Sergio Hernández ha documentado con detalle la reacción de la comunidad japonesa frente a la demanda del gobierno federal para su desplazamiento, ya sea a la ciudad de México o Guadalajara1. En muchos sentidos, la administración del presidente Manuel Ávila Camacho no estuvo preparada para implementar esas acciones a la altura de las ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos, con la construcción de 10 centros de confinamiento que albergaron a 120 mil japoneses y sus descendientes2. En ese sentido, la improvisación fue una constante y, por ende, se produjeron diferentes medios en los que la comunidad japonesa fuera concentrada. La fundación del Comité de Ayuda Mutua (CAM) fue clave para organizarla, y ser el interlocutor frente a las autoridades de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de la Secretaría de Gobernación.
Empero, los procesos de arraigo fueron diferenciados. Algunos contaron con la protección de las autoridades estatales que sirvieron de avales, otros usaron sus redes de contactos políticos para ser protegidos y tener algunos privilegios como el residir en sus propias casas. No obstante, la gran mayoría de la comunidad japonesa tuvo que desplazarse. Lo anterior no solo implicaba erogar grandes recursos económicos, en particular para los que se encontraban en lugares lejanos; sino que también tuvieron que enfrentar el hecho de qué hacer con sus propiedades y negocios. Una gran parte vendió su patrimonio; otros, en cambio, “encargaron” a vecinos o amigos sus propiedades en las que se observó desde el despojo hasta hechos de honestidad y solidaridad. En cambio, para los japoneses casados con mexicanas que habían forjado una familia, había la certeza de que alguno de ellos podía continuar al cuidado del negocio o trabajar para garantizar su sustento, pero no implicaba eliminar para los desplazados las crecientes preocupaciones por el bienestar de sus seres queridos.
Es indudable que la orden de concentración generó temor y mucha incertidumbre. Japón y sus connacionales—dentro y fuera de su territorio—eran considerados como enemigos para las Potencias Aliadas. Los migrantes japoneses, que habían considerado a México como su hogar y que se habían asimilado a su cultura y costumbres, ahora se les consideraba una “amenaza” a la nación, a algunos de ellos se les revocó su naturalización, así como se canceló el trámite para obtenerla.
En este contexto, se enmarca la historia de cinco japoneses que no acataron la orden de concentración. Todos ellos fueron detenidos por las autoridades federales y, posteriormente, fueron enviados a la estación migratoria de la ciudad de Perote, Veracruz, ubicada en la fortaleza de San Carlos y construida en el último cuarto del siglo XVIII, la misma que durante el siglo XX fue habilitada como prisión y durante la Segunda Guerra Mundial albergó a los ciudadanos pertenecientes a las Potencias del Eje, fundamentalmente alemanes e italianos, pero también algunos japoneses.
Miguel Ishida López, hijo de “José” Asakishi Ishida y Felícita López, tenía 20 años en 1942. En Navojoa, Sonora, laboraba en la refresquería de “Lucio” Surai. Sin embargo, al ser concentrado el propietario, se quedó sin empleo. En su búsqueda para obtener un ingreso, salió para Agua Caliente, Chihuahua, trabajando con un salario de 3 pesos en una mina de esa localidad. Miguel declaró que al mes de estar en ese lugar llegó “Tomás” Tokuhei Hayakawa y posteriormente su padre junto con “Isaac” Ishinosuke Sasaki y “José” Tomigoro Iduma.
El 9 de octubre de 1942 todos fueron arrestados y también Miguel, a pesar de que era mexicano por nacimiento. A él se le encontró una pistola, sin municiones, y un rifle 30/30 con dos cartuchos útiles expansibles. En su interrogatorio ante José Lelo de Larrera, jefe de la DIPS, justificó su posesión por ser guardián de la mina y para protegerse contra animales salvajes y algunos malhechores.
Su padre “José” Asakishi Ishida ingresó al país el 15 de mayo de 1907 por el puerto de Salina Cruz, posteriormente se dirigió a Monterrey para trabajar en una cervecería, para después trasladarse a Chihuahua, Guaymas y finalmente a Navojoa, laborando como agricultor. Estando en esa ciudad recibió, por parte del presidente municipal, la orden de ir a Guadalajara. Refiere que al carecer de dinero no lo hizo y se dirigió a pie junto con Sasaki e Iduma al mineral de Agua Caliente donde se encontraba su hijo Miguel. Ishida estuvo residiendo en ese lugar por cuatro meses ganando 2 pesos diarios. En el interrogatorio ante la DIPS apuntó que reconocía el error de no haber acatado la ordenanza de concentrarse, debido a que era muy pobre para sufragar los gastos de su traslado.
“Tomás” Tokuhei Hayakawa, originario de Kumamoto, ingresó al país en marzo de 1923 por el puerto de Manzanillo, posteriormente se dirigió a Navojoa, Sonora, para dedicarse a la agricultura y luego se trasladó a Etchojoa. Cuando se suspendieron los nexos diplomáticos entre México y Japón, el 8 de diciembre de 1941, cultivaba legumbres en el rancho Basconcobe, municipio de Etchojoa, Sonora, perteneciente a los hermanos Ruiz Sánchez, teniendo un financiamiento del Banco Nacional de México. Ante la notificación de la concentración dejó su negocio a Avelino Fernández para que cubriera las cuentas pendientes.
De acuerdo con Hayakawa, se dirigió a Agua Caliente, Chihuahua, para cobrar una supuesta deuda de 2 mil pesos a Andrés Johnston. Cuando llegó a ese lugar se enteró que había fallecido, por lo que se dedicó a trabajar, teniendo un salario de 3 pesos diarios. En el interrogatorio ante la DIPS declaró que su hijo Víctor Fumito Hayakawa se encontraba en Japón, pero por el inicio del conflicto armado ya no pudo regresar a México.
“Isaac” Ishinosuke Sasaki, de 49 años, ingresó al país el 19 de marzo de 1923 por Nogales, procedente de Los Ángeles. Posteriormente se dirigió a Navojoa, después puso un negocio en Ciudad Obregón y se casó con María Salcido, procreando con ella seis hijos. En el rancho Basconcobe tenía rentadas cuatro hectáreas para cultivo y, estando en ese lugar, recibió órdenes del presidente municipal de Etchojoa para concentrarse. Sasaki apuntó que como no tenía dinero, se fue al lugar donde estaba “Tomás” Tokuhei Hayakawa, declarando ante la DIPS que “ciertamente quiere a su tierra natal, pero más quiere a México, por tener ya bastante tiempo de vivir aquí y haberse casado con mujer mexicana…”.
“José” Tomigoro Iduma, de 56 años, trabajaba también en el rancho Basconcobe, ingresó en 1906 por el puerto de Manzanillo, trabajó en el ferrocarril, para después realizar actividades agrícolas. Iduma se casó con Eloisa Ibarra teniendo siete hijos y declaró que la idea de ir a Agua Caliente era con el objetivo de trabajar y juntar dinero para su traslado a Guadalajara. Asimismo, reiteró el hecho de que no ha difundido ideas o propaganda a favor de las naciones del eje y que estaba dedicado a su trabajo para procurar el sustento económico a su familia.
El 19 octubre de 1942, todos ellos fueron presentados e ingresados a la estación migratoria de Perote bajo la responsabilidad del inspector especial de población, Facundo Tello. Ocho meses después, el 17 de junio de 1943, el CAM solicitó que los cinco detenidos fueran liberados, petición que pudo lograrse con su aval. Tiempo después, la mayoría de ellos obtuvieron, con el respaldo de las autoridades municipales y estatales, el permiso de la Secretaria de Gobernación para regresar a Sonora y Coahuila, o emprender nuevos caminos reanudando sus actividades laborales y poder estar junto a sus familias.
La justificación esgrimida por ellos para desobedecer la orden de concentración fue la carencia de recursos económicos para sufragar el traslado y su manutención en Guadalajara. Quizá fue el motivo más importante, pero también puede explicarse por el ambiente de incertidumbre y gran desasosiego ante el cambio de una situación inédita para ellos desde su arribo a tierras mexicanas. Con seguridad, la calidad de ser enemigos del Estado mexicano no fue fácil de procesar para ellos y tampoco para sus familias.
Notas:
1. Sergio Hernández Galindo, “Los peores virus: racismo, mentira y desinformación contra la inmigración japonesa”, Descubra a los Nikkei, 1 de mayo de 2020.
2. Sergio Hernández Galindo, “Migración japonesa en Jalisco: De su ingreso a la concentración durante la Segunda Guerra Mundial”, en Melba Falck (coordinadora), Presencia Japonesa en Jalisco, Universidad de Guadalajara, Fundación Japón, 2020.
© 2020 Carlos Uscanga
